uego de rechazar dos recursos presentados por la defensa, el Juzgado de Garantías N 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca elevó a juicio la causa contra un exfuncionario municipal de Coronel Dorrego acusado de realizar, en 2017, una obra de cloacas sin autorización del Concejo Deliberante, que favoreció a departamentos de su propiedad.

   Se trata del extitular de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Horacio Ullmann, que renunció a su cargo en febrero de 2018 producto de la denuncia realizada por el exconcejal de la oposición Osvaldo Barcelona.

   El citado tribunal llevó adelante la etapa de investigación en el marco de la Instrucción Penal Preparatoria 2.047-18 y el juicio, que estará cargo del Juzgado Correccional 1 bajo el expediente 1.135/22, aún no tiene fecha de inicio. 

   A Ullmann se le imputa el delito de abuso de autoridad y peculado en concurso real con estafa.

   En principio, la causa había sido desestimada por el fiscal Sebastián Foglia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9,  quien adujo que como no se advertía "conducta alguna que constituya un delito de acción pública", debía resolverse en el ámbito administrativo.

   Barcelona apeló la medida ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y el organismo le dio la razón, tras lo cual determinó que Foglia debía investigar si  existió o no delito en la ejecución de la obra.

   Esto provocó un cambio de carátula. Además, el fiscal dispuso iniciar la citación de testigos a partir del 10 de octubre de 2018.

   En la lista de citados figuraban el exdirector de Obras Públicas, Mario García; el jefe de Compras, Lucio Zarzoso; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Damián Colón; y la contadora María Jimena Pérez Conti. 

   También comparecieron como testigos el hijo del contratista Luis María Echeto y los albañiles “que hayan ido a retirar los materiales para llevar a cabo la obra, del depósito municipal”, se informó.

   Ullmann dejó de ser director de Obras Sanitarias ni bien se radicó la denuncia, dado que presentó su dimisión y el intendente municipal Raúl Reyes la aceptó de inmediato.

   Antes de que se confirmara su renuncia, el imputado había admitido públicamente que era el propietario de los departamentos de calle Gregorio Juárez, entre Costa e Yrigoyen, y reconoció que los trabajos se hicieron sin el permiso correspondiente.

   Sin embargo, atribuyó el hecho a un “error administrativo” y consideró que no configuraba un delito. También asumió la "responsabilidad total" por lo ocurrido, aunque atribuyó la denuncia en su contra a “una cuestión política. ( La Nueva)